Excelente nota de Editorial, publicada por el Diario La Nación, con fecha domingo 6 de septiembre de 2009.
¿Dónde deberían poner mayor énfasis quienes nos representan?
¿Dónde deberían apuntar las políticas públicas más prioritarias?
¿Hacia dónde vamos con el modelo actual?
¿Es malo ser rico cuando todo se ha logrado con esfuerzo y sacrificio?
¿Somos afortunados los que podemos sobrevivir en esta Argentina?
Nos invita a reflexionar, a replantearnos algunas ideas, a analizar críticamente...
"Pobres y ricos
En una época de fuertes necesidades, la prioridad pública debería pasar por alentar el empleo y superar el hambre
El burdo falseamiento de los índices de precios, que contaminó las determinaciones estadísticas de pobreza e indigencia, se hizo con absoluto conocimiento y conciencia de los máximos estamentos del gobierno nacional. Sin embargo, la propaganda oficial y el discurso presidencial sobreabundaron en referencias cuantitativas a los logros socioeconómicos del mal llamado "modelo". Han primado la hipocresía y la búsqueda de rédito político por sobre el verdadero interés en encontrar soluciones eficaces para reducir la marginación y la pobreza.
En rigor, la dialéctica confrontativa ha ocupado el lugar que el Gobierno debería dedicar a convocar esfuerzos para mejorar la situación de los más necesitados. La Presidenta se ha referido recurrentemente a los ricos, reclamándoles que cedan parte de sus bienes, con una visión excluyentemente redistributiva y no exenta de categorizaciones clasistas. La condena a la riqueza implica también condenar el enriquecimiento, claro que soslayando el contraste con la descomunal e inexplicable evolución patrimonial del matrimonio gobernante en los últimos años. La señora Hebe de Bonafini, asidua asistente a los actos proselitistas del Gobierno, afirmaba hace unos días: "Oigo hablar de combatir la pobreza, y yo les digo que no, que lo que se debe combatir es la riqueza".
Mientras se sucedían las referencias presidenciales a los ricos, cargando sobre ellos una supuesta responsabilidad por los dramas sociales de la Argentina, el Gobierno siguió dando muestras más que ostensibles de su escaso compromiso con los sectores más desprotegidos. Basta con sumar el número de familias a las cuales se las podría ayudar a salir de la indigencia con los cuantiosos recursos que el Estado dilapida en Aerolíneas Argentinas.
En la última medición de la encuesta de hogares, el Indec ha expuesto un aumento de la tasa de desempleo. Es la primera vez que hay un reconocimiento cuantitativo de la crisis económica y parecería que eso obligó al Gobierno a adoptar alguna medida. La Presidenta, en efecto, anunció semanas atrás, poco después del llamado papal a terminar con los escandalosos niveles de pobreza, un nuevo plan de empleo cooperativo con el cual se pretende crear 100.000 nuevos puestos de trabajo. El programa prevé una inversión de 9000 millones de pesos para crear cooperativas sociales. Se trata de una iniciativa positiva en tanto no sea utilizada con propósitos clientelísticos y prebendarios, como lamentablemente viene sucediendo con gran parte de los planes sociales.
La administración de planes para paliar la desocupación y la pobreza ha evolucionado en el mundo con la incorporación de nuevas tecnologías que permiten asegurar transparencia y el mejor uso de los fondos recibidos por cada familia.
En tal sentido, el empleo de cuentas digitalizadas y tarjetas magnéticas por los beneficiarios de ciertos programas sociales ha hecho posible evitar que se malgasten los subsidios en gastos superfluos, alcohol o drogas. Además, torna factible controlar el cumplimiento de planes de salud y educación con los hijos de los hogares carenciados. Estas formas de utilización social de fondos públicos escasos son mucho más eficientes y equitativas que los subsidios a través de tarifas públicas congeladas, que muchas veces benefician más a los que más tienen que a los que menos tienen.
El monto presupuestario asignado a planes sociales luego de la crisis de 2001-2002 alcanzó alrededor de 5000 millones de pesos anuales, mientras que en 2008 la partida de subsidios a las empresas de servicios públicos superó los 30.000 millones. El inevitable sinceramiento del sistema de precios no hará posible, en la medida en que sería necesario por razones técnicas y administrativas, aplicar tarifas suficientemente bajas para los usuarios de menores ingresos. Deberá, por lo tanto, recurrirse a instrumentar, en escala suficiente y con estas nuevas tecnologías, planes de asistencia social para quienes no puedan enfrentar los ajustes necesarios.
Dentro de la estrechez presupuestaria que atraviesa el gobierno nacional, este tipo de asignaciones bien orientadas y controladas tendrían que ser consideradas prioritarias en momentos de emergencia social. Esta calificación no alcanza a otras decisiones recientes de gasto, como la equivocada reestatización de Aerolíneas Argentinas, con la consecuente absorción por parte de los contribuyentes de sus abultadas pérdidas, cercanas a los 10 millones de pesos diarios. Tampoco a la transmisión televisiva del fútbol tras el oneroso acuerdo entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino.
En una época de fuertes necesidades, la prioridad pública debería pasar por alentar la creación de empleo y superar el hambre. Y si los afanes populistas y demagógicos del Gobierno lo impulsan a ofrecer pan y circo, creemos que, al menos, debería privilegiar el pan antes que el circo."
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1171228&origen=NLOpi#lectores
